Ni persecución ni impunidad: pruebas
La madrugada del 22 de octubre, agentes llegados desde Quito detuvieron a Luisa González en Canuto, Manabí. La Fiscalía la vincula al caso Laberinto, que investiga un presunto lavado de activos en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023. Dos veces candidata a la Presidencia, González es hoy la figura más visible de la oposición. Por eso, lo que ocurra con ella dirá mucho sobre el país.
Las reacciones llegaron rápido. Rafael Correa escribió: “¡Ya basta!”. Gabriela Rivadeneira habló de “secuestro”, y Pachakutik, de arbitrariedad. Desde ADN, Esteban Torres respondió que participar en política no exime de responsabilidades. El presidente Daniel Noboa afirmó que el operativo desarticula una red de narcotráfico y lavado. Human Rights Watch pidió garantizar el debido proceso.
Ninguna de esas frases es una prueba. Ni la palabra “persecución” absuelve a nadie, ni la palabra “red” condena a nadie. La propia Fiscalía recordó que una detención no es una declaración de culpabilidad.
Hay preguntas que merecen respuesta. La detención ocurre a cinco semanas de las elecciones del 29 de noviembre, después de la suspensión de la Revolución Ciudadana y de la inhabilitación de su candidatura a la Prefectura de Manabí. El calendario no prueba una persecución, pero obliga a la Fiscalía a ser más transparente que nunca. También importa la forma: si la acusada ha comparecido en otros procesos, el país necesita saber por qué hacía falta un operativo de madrugada y no una citación.
Del otro lado, el financiamiento de campañas no es un asunto menor. Si entró dinero de origen ilícito en una elección presidencial, eso afecta a todos los votantes, no solo a un partido. Investigarlo es una obligación del Estado.
La salida no está en las redes ni en las calles, sino en una audiencia pública, con pruebas verificables, defensa plena y jueces independientes. Un país que detiene a su principal opositora debe demostrar, con más rigor que nunca, que lo hace por la ley y no por el calendario.
