Antes de decidir quién se queda a oscuras
Ecuador vuelve a mirar el nivel de Mazar como quien revisa el saldo de una cuenta que se agota. El 18 de octubre, el embalse bajó de los 2.123 metros sobre el nivel del mar, a unos ocho metros del punto en que la central debe detenerse. La pregunta que hoy domina la discusión es a quién cortar la luz. Pero esa pregunta llega tarde.
El Gobierno decidió proteger a los hogares y desconectar a unas 9.000 empresas. Tiene un argumento: el Decreto 32 obliga a la industria de alto voltaje a contar con generación propia, y una familia no tiene esa alternativa. Del otro lado, Cordes recuerda que la industria consume el 24,5 % de la electricidad y los hogares, el 33 %, y advierte por el empleo y las exportaciones. Las dos posturas tienen sustento.
Lo que no tiene sustento es la improvisación. El 14 de octubre se anunció un corte de siete días para las empresas, se corrigió horas después y se despidió al funcionario que firmó el aviso. Se publicaron listas de empresas supuestamente incumplidas que las propias compañías desmintieron. Así no se planifica una producción ni se cuida un empleo.
El problema de fondo es la falta de generación. Cenace estima que el país necesita 1.391 megavatios adicionales de generación firme para este estiaje; hasta el 13 de octubre se habían incorporado 126,5.
Hay herramientas que no dependen de la lluvia. Arconel estudia descuentos de hasta el 10 % en las planillas de los hogares que reduzcan su consumo, y el Comité Empresarial Ecuatoriano propuso incentivos para que las empresas generen su propia energía.
La ciudadanía puede entender un sacrificio si conoce las reglas. Lo que necesita es un calendario público, criterios técnicos verificables y fechas concretas para la nueva generación. Decidir quién se queda a oscuras es inevitable en una emergencia. Decidirlo sin información clara, no.