Caso Laberinto: Luisa González, detenida por presunto lavado de activos en campaña presidencial de 2023

La Fiscalía investiga presuntos aportes ilícitos por 500.000 USD a su campaña vinculados a Aquiles Alvarez. Mientras González permanece en el Cuartel Modelo, la Revolución Ciudadana denuncia “persecución política”.

Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) en 2023 y 2025, fue detenida en la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026 en Canuto, Manabí. El operativo lo ejecutaron en conjunto la Fiscalía General y la Policía Nacional por el presunto delito de lavado de activos.

En sus redes sociales, la Fiscalía informó que cumplió órdenes de detención en Pichincha y Manabí contra tres personas investigadas, con fines de formulación de cargos. Según la entidad, el caso, denominado como Laberinto, indaga presuntas irregularidades en el financiamiento político y en el gasto de publicidad electoral de la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y en el origen lícito de los recursos.

En su comunicado oficial, la Fiscalía informó que seis personas están siendo investigadas y que en las próximas horas formulará cargos contra tres de ellas. Según la entidad, la investigación busca esclarecer el origen de los recursos con los que se financió la campaña presidencial entre mayo y agosto de 2023. La Fiscalía sostiene que esos fondos se habrían canalizado a través de sociedades jurídicas y personas naturales, sin transparentar su procedencia, y señaló que continúa trabajando para identificarlas. Hasta el momento, la entidad no ha revelado qué empresas o personas estarían detrás de esos aportes.

En el expediente se investiga a siete personas. Junto a González figuran Santiago Díaz Asque, exjefe de campaña de RC y sentenciado a 29 años y cuatro meses de cárcel por violación; y Estefanía Molina Freire, a cargo del manejo económico de la campaña.

A ellos se sumó en la tarde Wendy Lorena Onofre Gaibor, exdirigente del movimiento RETO y exfuncionaria del Municipio de Guayaquil durante la administración del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, quien se entregó a las autoridades. La Fiscalía anunció que también le formulará cargos.

El paradero de González fue incierto durante las primeras horas. La propia presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, dijo que al inicio el movimiento desconocía dónde estaba y que luego le informaron que sería llevada a Quito. Sin embargo, al mediodía de este jueves se conoció que González fue trasladada a Guayaquil e ingresada en el Cuartel Modelo. Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía no había confirmado la fecha ni el lugar de la audiencia de formulación de cargos.

Dos versiones enfrentadas

Horas después de la detención, la cuenta de González en X difundió un comunicado firmado por ella. Califica la acusación de “absurda” y enmarca su detención en un “ataque a las libertades y persecución política” del Gobierno de Daniel Noboa, al que llama “dictadura”. El texto sostiene, sin presentar pruebas, que los “presos políticos” estarían siendo maltratados y torturados, y llama a la unidad de la RC y de las fuerzas progresistas. El conflicto escaló al plano internacional cuando Noboa vinculó al exmandatario colombiano Gustavo Petro con una presunta red de narcotráfico y lavado de activos, luego de que este cuestionara la detención.

El caso tampoco surge de la nada. Uno de sus antecedentes es el expediente 575-2025-TCE, que el Tribunal Contencioso Electoral remitió a la Fiscalía tras revisar las cuentas de campaña. Ese proceso terminó en una multa solidaria de $18.000 para González, Andrés Arauz y Estefanía Molina, pagada en junio de 2026. A esto se suma el caso Caja Chica, que investiga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado por el supuesto ingreso de dinero desde Venezuela para la misma campaña de 2023. González también fue notificada en agosto de 2026 de una investigación previa por presunta concusión. La Revolución Ciudadan lee esta acumulación de procesos como una persecución sistemática. El movimiento recuerda que la disputa empezó en marzo, cuando el partido fue inhabilitado por nueve meses a raíz de una investigación fiscal por lavado de activos.

Lo que deberá probarse

El COIP sanciona el lavado de activos con pena privativa de libertad, además de una multa equivalente al quíntuplo del monto de los activos y el comiso de bienes. La norma lo considera un delito autónomo, aunque eso no exime a la Fiscalía de demostrar el origen ilícito de los recursos.

Ahora la Fiscalía tendrá que probar que el dinero no solo se declaró mal, sino que provenía de una fuente ilícita. Esa diferencia es la que separa una infracción electoral de un delito penal. La audiencia de formulación de cargos deberá aclarar también si existía riesgo de fuga que justificara la detención de González y quiénes son las demás personas investigadas en el caso Laberinto. (I)