Fiscalía allana el Municipio de Quito por presunto peculado a seis semanas de las elecciones seccionales
La Fiscalía investiga presunto peculado en contratos municipales por más de USD 4 millones. El operativo ocurre en plena campaña electoral, y el correísmo denuncia un posible uso político de la justicia.
La mañana del 21 de octubre de 2026, agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional ingresaron a dependencias del Municipio de Quito para buscar documentación relacionada con dos contratos de obra pública adjudicados en 2024, cuyo valor conjunto supera los USD 4 millones. La investigación por presunto peculado alcanzó también a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), encargada de una parte importante de la infraestructura vial de la ciudad.
La diligencia ocurre a tan solo 39 días para las elecciones seccionales del 29 de noviembre, en las que el alcalde Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana, busca la reelección. La coincidencia convirtió una investigación sobre contratación pública en un nuevo foco de confrontación política. Mientras la Fiscalía intenta establecer si existieron adjudicaciones irregulares, dirigentes del correísmo denuncian que las actuaciones judiciales podrían utilizarse contra un candidato opositor.
¿Qué buscaba la Fiscalía en el Municipio?
El Ministerio Público informó inicialmente de tres allanamientos en Pichincha. Los procedimientos se desarrollaron en oficinas municipales, instalaciones de un consorcio ubicado en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular. Posteriormente se conoció que los agentes también revisaron la gerencia general, la Secretaría General y el área de Gestión Documental de la Epmmop.
Durante las diligencias fueron recogidos computadores, teléfonos celulares, dispositivos USB y documentos que deberán someterse a pericias. La Fiscalía sostiene que busca indicios sobre la posible adjudicación irregular de dos contratos a consorcios privados, pero hasta la tarde del miércoles no había identificado públicamente los procesos investigados ni a sus presuntos responsables.
El concejal Andrés Campaña declaró que los agentes se dirigieron a las oficinas del alcalde. Sin embargo, esa circunstancia no demuestra que Muñoz esté investigado personalmente ni que exista una acusación penal en su contra.
La denuncia que apunta a USD 65 millones
El allanamiento coincidió con la presentación pública de dos denuncias del concejal de oposición Michael Aulestia por presunto peculado y lavado de activos. Su investigación apunta a contratos de mantenimiento vial, asfaltado e infraestructura adjudicados por la Epmmop.
Según Aulestia, un mismo proveedor habría obtenido aproximadamente USD 65 millones mediante diferentes sociedades y consorcios, una estructura que, a su juicio, pudo facilitar nuevas adjudicaciones mientras existían obras anteriores pendientes de entrega. El edil señaló a tres funcionarios y al menos 15 personas naturales y jurídicas que considera vinculadas con las operaciones cuestionadas.
Entre los contratos mencionó el proceso LICO-EMOC-2024-006, correspondiente al consorcio Ecovía, por aproximadamente USD 4 millones, y otro del consorcio vial Lochillos, por USD 334.000. También cuestionó la repetición de determinados funcionarios y fiscalizadores en varios procedimientos.
Aulestia sostuvo que sus denuncias están relacionadas con los allanamientos y pidió revisar todos los expedientes de contratación. Sin embargo, la Fiscalía todavía no ha confirmado oficialmente que sus diligencias respondan a esas denuncias, por lo que tampoco puede afirmarse que los USD 65 millones estén comprendidos en la investigación anunciada por el Ministerio Público. El concejal aclaró que Pabel Muñoz no figura entre los denunciados por él.
El Municipio responde y exige pruebas
La administración de Pabel Muñoz aseguró que entregó la información requerida durante los allanamientos y defendió la legalidad de sus procedimientos de contratación. En un comunicado afirmó que mantiene una política de tolerancia cero frente a la corrupción y que exigirá responsabilidades si se comprueba que algún funcionario actuó al margen de la ley.
El Cabildo recordó que los contratos fueron tramitados mediante el Sistema Oficial de Contratación Pública y pidió que la investigación se desarrolle con pruebas y respeto al debido proceso. También rechazó que las diligencias se utilicen para desacreditar anticipadamente a los servidores municipales.
La defensa institucional, sin embargo, no resuelve las preguntas planteadas por la denuncia. Que un contrato conste en el sistema público permite examinar su procedimiento, pero no garantiza que la adjudicación haya sido correcta. Para determinarlo será necesario revisar las ofertas, la composición de los consorcios, los informes técnicos, las actas de adjudicación y los pagos realizados.
¿Investigación penal o instrumentalización de la justicia?
El calendario electoral constituye uno de los elementos más sensibles del caso. El operativo ocurrió a menos de seis semanas de los comicios, cuando cualquier actuación contra una administración municipal puede repercutir en la imagen de sus autoridades.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó su respaldo a Muñoz y cuestionó el uso de procesos judiciales contra dirigentes opositores. La bancada de la Revolución Ciudadana fue más explícita al denunciar una presunta persecución política y advertir que la Alcaldía debe disputarse mediante el voto ciudadano, no mediante actuaciones judiciales.
Las declaraciones introducen una cuestión legítima sobre la independencia de las instituciones, aunque todavía no existen pruebas públicas que vinculen el allanamiento con una orden del Gobierno de Daniel Noboa o con una estrategia destinada a perjudicar la candidatura de Muñoz. La proximidad de las elecciones puede justificar un escrutinio más riguroso de la actuación fiscal, pero no demuestra por sí misma una intervención política.
Lo que los quiteños necesitamos saber…
El caso plantea dos responsabilidades que deben examinarse por separado. La primera corresponde al Municipio, que debe facilitar el acceso a los expedientes y explicar cómo se adjudicaron, ejecutaron y fiscalizaron las obras cuestionadas. La segunda recae en la Fiscalía, que deberá sustentar sus actuaciones en pruebas y evitar que la investigación se convierta en un instrumento de confrontación electoral.
Por ahora, los allanamientos no prueban la existencia de peculado, las denuncias de Aulestia no constituyen una sentencia y las acusaciones de persecución política tampoco han sido demostradas.
A 39 días de las elecciones, el desafío consiste en impedir que la disputa entre el oficialismo y el correísmo sustituya la investigación de los hechos. Los quiteños tienen derecho a saber si sus recursos fueron administrados correctamente y a exigir que cualquier responsabilidad se determine sin presiones políticas.
