La dictadura que nadie quiere reconocer
La detención de Luisa González, la principal figura política de oposición a Daniel Noboa no puede analizarse únicamente como un procedimiento judicial más. Es también un acontecimiento político que obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar el poder de un gobierno ineficiente, recalcitrante y abusivo de las instituciones estatales.
La democracia no consiste en garantizar la libertad del gobernante para hacer lo que le plazca, sino en garantizar el derecho de todos a expresarse y oponerse sin miedo.
El filósofo italiano, Antonio Gramsci en sus cuadernos de la cárcel, comprendió que el poder no se sostiene exclusivamente mediante la fuerza. Su concepto de hegemonía explica cómo una clase dirigente puede consolidar su dominio cuando consigue presentar sus intereses privados como si fueran los de toda la sociedad. El control político pierde legitimidad cuando los ciudadanos terminan normalizando aquello que deberían cuestionar.
En el Ecuador de Daniel Noboa, esta reflexión adquiere una relevancia incómoda. Bajo el discurso de la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la defensa del orden público, el presidente ha construido una narrativa que merece un escrutinio permanente. El peligro aparece cuando esa narrativa pretende dividir al país entre ciudadanos de bien y enemigos a los que debemos perseguir.
No se trata de defender al correísmo, ni a ninguno de sus miembros, cuyo paso por el poder también pudo ser cuestionable. Se trata de defender el derecho de cualquier ecuatoriano a participar en política sin que su ideología se convierta en una presunción de culpabilidad. La justicia debe investigar a Luisa González con el mismo rigor con el que debería investigar a cualquier funcionario del Gobierno. Sin diferencia.
Hannah Arendt, al estudiar los orígenes del totalitarismo, advirtió sobre la destrucción progresiva de las condiciones que permiten a los individuos pensar, disentir y actuar políticamente. Para Arendt, el terror y la ideología fueron instrumentos centrales de los regímenes totalitarios. Su obra, hoy por hoy, nos ofrece herramientas fundamentales para reconocer los peligros de la concentración del poder y ver a Noboa como un claro ejemplo de aquello.
Una dictadura no necesita comenzar con tanques frente al Palacio de Gobierno. La degradación democrática puede avanzar mediante instituciones debilitadas, adversarios desacreditados, controles neutralizados y una ciudadanía acostumbrada a justificar cualquier exceso mientras perjudique a sus enemigos.
El autoritarismo comienza a ganar cuando la sociedad deja de preguntarse si una medida es justa y empieza a celebrar cuando se aplica únicamente con quien piensa o vota diferente.
La detención y prisión preventiva de Luisa González ocurre en un escenario de restricciones electorales que han afectado a la Revolución Ciudadana. La proximidad de las elecciones locales convierte la transparencia judicial en una exigencia todavía mayor. La Fiscalía tiene la obligación de explicar sus actuaciones y los jueces deben garantizar que ninguna decisión responda a llamadas de Carondelet.
La investigación sobre los supuestos fondos irregulares debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. Precisamente por eso necesitamos instituciones independientes, capaces de actuar sin obedecer a ningún caudillo ni hoy ni mañana.
Resulta igualmente preocupante que el presidente Noboa haya llevado la confrontación al terreno internacional mediante acusaciones contra Gustavo Petro, después de que el expresidente colombiano cuestionara la captura. Un presidente tiene derecho a responder políticamente, pero sus declaraciones no pueden sustituir las pruebas que corresponde presentar ante la justicia.
La fortaleza de un Estado de derecho no se demuestra con adversarios detenidos, discursos amenazantes o exhibiciones de autoridad, sino más bien cuando el poder reconoce sus límites, cuando la justicia puede contradecir al gobernante y cuando la oposición conserva intacto su derecho a existir.
El Ecuador conoce demasiado bien las consecuencias del caudillismo. Lo padeció bajo distintas administraciones y sería un error imperdonable justificarlo ahora simplemente porque cambió el apellido de quien ocupa la Presidencia.
Quienes denunciaron los abusos del correísmo deben tener la misma firmeza para cuestionar los abusos del noboísmo. Y quienes hoy exigen garantías para Luisa González deben reconocer que esos mismos derechos corresponden a sus adversarios. De lo contrario, la defensa de la democracia se convierte en una disputa por decidir quién tiene derecho a ejercer el poder sin controles.
No podemos llamar justicia a la persecución cuando perjudica a nuestros enemigos, ni persecución a toda investigación cuando afecta a nuestros aliados.
La pregunta central ya no es solamente qué ocurrirá con Luisa González. Es qué clase de país estamos construyendo mientras normalizamos la concentración del poder, la confrontación permanente y la sospecha sobre todo aquel que piensa diferente.
Ecuador necesita combatir la corrupción, el narcotráfico y el financiamiento ilegal de la política. Pero ninguna de esas tareas exige sacrificar la democracia. Al contrario, solamente instituciones libres e independientes pueden enfrentarlas sin convertirse en instrumentos de dominación.
El verdadero peligro no es que un presidente tenga adversarios. Es que llegue a convencerse de que el país estaría mejor sin aquellos que piensan y tienen una ideología diferente.
Porque cuando la justicia pierde su independencia, la oposición pierde sus garantías y la ciudadanía pierde el derecho al pensamiento crítico, la democracia comienza a morir. Y cuando una democracia muere, no pierde solamente un partido político. Perdemos todos.
