La Burocracia apaga a Ecuador
La escasez de lluvias dejó al descubierto la fragilidad del sistema electrico nacional. Mientras las autoridades buscan soluciones urgentes para evitar los racionamientos, la inversión externa tiene propuestas listas que se enfrentan a un complejo laberinto administrativo.
El país atraviesa un momento de tensión constante cada vez que los niveles de los embalses bajan. La dependencia extrema de nuestras centrales hidroeléctricas obliga a mirar hacia el cielo esperando que la naturaleza evite un colapso. Sin embargo, en medio de esta emergencia, una enorme reserva de energía se encuentra estancada por el peso de los trámites estatales. Según un reporte publicado por Ecuavisa, existen alrededor de 40 iniciativas privadas enfocadas en generación renovable que podrían sumar 3.000 megavatios a la red, pero llevan más de dos años trabadas. Los inversionistas siguen esperando que se liberen licencias ambientales, autorizaciones de uso de agua y la firma de fideicomisos comerciales que garanticen el pago por su servicio.
Frente a este estancamiento generalizado, resulta revelador observar al único proyecto que logró superar la carrera de obstáculos. La central eólica Villonaco III avanza a paso firme en las montañas de Loja. Actualmente, plataformas de 29 metros de largo trasladan piezas de hasta 85 toneladas por complejas vías andinas para armar los enormes aerogeneradores. Esta obra privada promete inyectar poco más de 110 megavatios de energía limpia al sistema y tiene previsto iniciar sus operaciones en el tercer trimestre de 2027. Este desarrollo logró concretarse, en gran medida, por el respaldo financiero de organismos internacionales que ayudaron a estructurar la garantía de pago frente al Estado.
Mientras las aspas de Villonaco se preparan para ser instaladas, el contraste con el resto de las propuestas es abismal. De acuerdo con una investigación de Primicias, megaproyectos clave como la planta solar El Aromo en Manabí, adjudicada a la firma Solarpack y diseñada para generar 200 megavatios, siguen sin ejecutarse. La misma suerte corren proyectos de gran escala como la central eólica Yanahurco o las plantas solares Urcuquí, Ambi e Intyana, ubicadas en la provincia de Imbabura. Hablamos de cientos de megavatios de capacidad instalada que utilizan el sol y el viento, recursos ideales para complementar los meses de estiaje, pero que hoy solo existen como carpetas arrumadas en las oficinas gubernamentales.
La vulnerabilidad del sistema eléctrico resulta insostenible a largo plazo. Tal como analizó la cadena Ecuavisa, la matriz ecuatoriana depende en un 80% de las lluvias, lo que convierte cada sequía en una crisis inminente. El verdadero cuello de botella, según advierten los técnicos, está en las coordinaciones zonales del Ministerio de Energía, de Finanzas y del Ambiente. En estas dependencias, la emisión de una licencia ambiental o un título habilitante puede tardar hasta dos años y medio, en gran parte porque la compleja normativa queda sujeta a la interpretación particular de cada oficina . Ante este escenario, surge una reflexión inevitable ¿Por qué el Estado no puede acelerar estos procesos burocráticos cuando el país entero requiere energía con urgencia?. Aunque el rigor legal es indispensable para cualquier obra, la actual pausa administrativa de estos ministerios está retrasando una inyección de capital que se necesita para mantener las luces encendidas.
