Caso Laberinto: Fiscalía sostiene que funcionarios del Municipio de Guayaquil cobraban cheques para financiar la campaña de Luisa González
Según la tesis fiscal, empleados municipales habrían actuado como “mulas financieras” para convertir en efectivo recursos de Ternape, empresa vinculada a Aquiles Álvarez. Las defensas rechazan las imputaciones.
La Fiscalía sostiene que funcionarios del Municipio de Guayaquil habrían operado como “mulas financieras” en la campaña presidencial de 2023 de Luisa González y Andrés Arauz. Su papel, según la tesis fiscal, era cobrar cheques al portador girados desde las cuentas de Ternape Petroleum S.A.
Así lo expuso la fiscal María Belén Luna en la audiencia de formulación de cargos del caso Laberinto, en la que también se apoyó en el expediente de la investigación y en chats extraídos del teléfono de un cooperador, utilizados además en los casos Triple A y Goleada.
Dos vías para mover el dinero
De acuerdo con la Fiscalía, los recursos se habrían canalizado por dos vías. La primera, transferencias desde cuentas de Ternape a proveedores de publicidad electoral, con proformas identificadas como “RC5” y facturas por montos iguales emitidas a nombre de la empresa.
Entre esos proveedores, la Fiscalía identifica a 911Society S.A.S., que según la entidad está ligada a un procesado en el caso de lavado de activos La Reina, y a Monowave S.A.S., empresa de un empleado de Aquiles Álvarez. Esos pagos habrían financiado propaganda, brandeo de vehículos, producción audiovisual y eventos de campaña “en los que se evidencia la participación de Aquiles Álvarez y Luisa González”, detalló la Fiscalía.
La segunda vía fueron cheques al portador cuyo cobro habría generado efectivo para pagar brigadistas, movilización y logística de campaña. La Fiscalía presume que por estas vías se habrían introducido unos $500.000 a la campaña, por fuera de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Entre los indicios que analiza figuran comunicaciones en las que se habría pedido que las facturas no incluyeran la palabra “campaña”, y conversaciones que mencionan a Flonape Overseas, una empresa domiciliada en Panamá y vinculada, según la entidad, al entorno empresarial investigado.
Ternape, de propiedad de Aquiles Álvarez y sus hermanos, fue declarada culpable en primera instancia en el caso Triple A por comercialización ilegal de hidrocarburos. La Fiscalía investiga si recursos relacionados con esas actividades se destinaron al financiamiento electoral.
El rol de los funcionarios
La Fiscalía ubica en el centro del esquema a Wendy Onofre, procesada y con prisión preventiva. Aunque figuraba como jefa de Gestión Administrativa de la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, la entidad indicó que en la práctica actuaba como asistente del alcalde. Su función habría sido gestionar la entrega y el cobro de cheques a través de terceros.
Según un chat citado por la Fiscalía, el 25 de junio de 2023 Onofre habría dispuesto, por orden de Álvarez, que los gastos de la campaña se remitieran a Ternape. El Ministerio Público también menciona a otras dos funcionarias, identificadas como Lesly C. B. y Viviana A. Z., quienes habrían tramitado proformas, facturas y requerimientos de gastos electorales. No consta que hayan sido procesadas.
Según sus declaraciones patrimoniales juradas ante la Contraloría General del Estado, Onofre pasó de un patrimonio negativo de $12.757 en 2023, año en que ingresó al Municipio de Guayaquil, a uno positivo de $59.355 en 2026. Antes trabajó en entidades públicas como la Asociación de Municipalidades Ecuatoriana (AME), Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco E.P.), Servicio de Contratación de Obras (Secob), BanEcuador y el IESS. Hasta el momento, la Fiscalía no ha vinculado públicamente ese incremento con los hechos investigados.
Las defensas
Diego Guarderas, abogado de González, sostuvo en la audiencia que su clienta no era responsable de los gastos de campaña y que bastaban medidas como las presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país.
González, por su parte, afirmó que la Fiscalía “intenta engañar” al juez al omitir el contexto de sus arraigos. Onofre pidió “un proceso justo”. El Municipio de Guayaquil y Álvarez no se han pronunciado sobre las acusaciones.
González, trasladada a la cárcel de Riobamba, apeló la prisión preventiva el 25 de octubre. Por otro lado, el juez Harry Rodolfo Navarrete, quien dictó las medidas cautelares, se excusó de seguir conociendo la causa, que fue reasignada a otro despacho. (I)
