USD 50.213 millones no se aprueban en feriado
El presupuesto del Estado es la decisión económica más importante de un país en un año. Allí se define cuánto llegará a los hospitales, a las escuelas, a la seguridad y a los gobiernos locales. Por eso preocupa la forma en que comenzó el debate de la Proforma 2027: en pleno feriado de Difuntos, con un plazo que vence el mismo día de las elecciones seccionales y bajo la amenaza, permitida por la ley, de que entre en vigencia sin votación si la Asamblea no se pronuncia en 30 días.
La cifra es enorme: USD 50.213 millones, equivalentes al 35 % del PIB. El Gobierno prevé ingresos por USD 34.427 millones y gastos por USD 38.838 millones. El déficit llega a USD 4.412 millones, y para cubrirlo el documento contempla USD 13.671 millones de deuda interna y externa. El Ejecutivo presenta como un logro que el déficit sea unos USD 1.000 millones menor que el del año anterior. Es una noticia positiva. La pregunta es si el papel resiste la realidad.
La experiencia de este mismo año invita a la cautela. Hasta el 20 de octubre, el Ministerio de Salud había ejecutado apenas el 36 % de su presupuesto y Educación, el 46 %, según Primicias. Es decir, a poco más de dos meses del cierre del año, la mayor parte del dinero asignado a medicinas, hospitales, aulas y docentes no se había usado. De poco sirve anunciar más recursos para salud y educación si los que ya existen no llegan a su destino. El economista Alberto Acosta Burneo lo resumió con precisión: los aumentos pueden quedarse “en el papel”.
Los supuestos también merecen escrutinio. La proforma calcula un barril de petróleo a USD 66 y un crecimiento de 2,5 %. En la propia Asamblea se mencionaron los riesgos: vencimientos de deuda, tasas de interés, precio del crudo y clima. El fenómeno de El Niño podría extenderse hasta abril de 2027, según José Hidalgo, director de Cordes, con efectos sobre la producción, la recaudación y el gasto en emergencias. Las lluvias de estos días en Santa Elena, Galápagos y la Costa son una advertencia de lo que puede venir.
A eso se suman los subsidios a los combustibles. Entre enero y agosto de 2026, el Estado destinó USD 1.254 millones a subsidiar combustibles importados, una cifra que ya superaba los USD 1.159,6 millones previstos para todo el año, según datos del Banco Central. Si el presupuesto de 2026 no anticipó ese gasto, el país tiene derecho a preguntar qué garantiza que el de 2027 sí lo haga.
Tampoco se puede ignorar la dependencia de ingresos extraordinarios. La oposición, a través de la asambleísta Mónica Alemán, denunció ingresos inflados y la posible venta de activos petroleros, y cuestionó que el análisis se tramite en la Comisión de Desarrollo Económico y no en la de Régimen Económico. El Gobierno acaba de firmar un acuerdo marco con Emiratos Árabes Unidos para invertir en el campo Sacha, sin montos ni plazos conocidos. Si una parte de los ingresos de 2027 depende de operaciones que aún no existen, la Asamblea y la ciudadanía deben saberlo con claridad antes de aprobar las cifras.
Nada de esto significa que la proforma deba rechazarse por principio. Hay elementos positivos: más recursos para inversión pública, USD 618 millones adicionales para los gobiernos locales y el compromiso de no crear nuevos impuestos. Pero un presupuesto no se juzga por sus anuncios, sino por su capacidad de cumplirse.
La Asamblea tiene la responsabilidad de revisar cada línea con seriedad, escuchar a los ministros, a los gobiernos locales y a los técnicos independientes, y no convertir el trámite en un ejercicio de calendario. Treinta días no son un plazo largo, pero son suficientes para hacer preguntas incómodas. Dejar que la proforma entre en vigencia por falta de pronunciamiento sería renunciar a una de sus funciones esenciales.
Al Ejecutivo le corresponde transparentar los supuestos, explicar el origen de cada dólar de ingreso y publicar con regularidad la ejecución presupuestaria, para que el país pueda medir los resultados mes a mes y no solo al final del año.
El presupuesto es, en el fondo, una promesa. Los ecuatorianos ya han escuchado muchas. Lo que esperan ahora es una que se cumpla en los hospitales, en las escuelas y en sus barrios, y no solo en las tablas de un documento oficial.
